- Ya está en vigor. El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, se publicó en el BOE el 18 de noviembre y rige desde el día siguiente: el 19 de noviembre de 2026.
- Transpone la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva, cuyo plazo había vencido el 7 de junio de 2026, y completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, que el RD 723/2026 había incorporado solo en parte.
- No crea un reglamento nuevo: reforma los que ya conocías. Modifica el Estatuto de los Trabajadores, el RD 902/2020 de igualdad retributiva, la Ley 3/2023 de Empleo, el RD 723/2026, la LISOS y la Ley de Contratos del Sector Público.
- La mayoría de obligaciones son exigibles desde hoy. Solo el informe de brecha a la Comisión tiene calendario propio: antes del 8 de junio de 2027 para empresas de 150 o más personas, y antes del 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149.
Transparencia salarial en España: qué exige la ley desde el 19 de noviembre de 2026, a quién afecta y cómo preparar tu empresa
La Directiva (UE) 2023/970 cambia las reglas del juego en materia retributiva. Y desde el 19 de noviembre de 2026 ya es derecho español: el Real Decreto-ley 39/2026 la transpone y entra en vigor. Las ofertas de empleo deberán incluir rangos salariales, queda prohibido preguntar por el sueldo anterior y los empleados pueden solicitar información sobre lo que cobran sus compañeros en puestos comparables. Analizamos qué dice exactamente la norma, qué tiene que hacer tu empresa y desde cuándo, y qué errores conviene evitar.
Lo esencial, a 19 de noviembre de 2026
Tu empresa publica una oferta de trabajo en un portal de empleo. En el campo de salario pone «Según valía del candidato». Un buen profesional se presenta, pasa tres entrevistas y acepta el puesto. Seis meses después, hablando con un compañero, descubre que en el mismo puesto hay una diferencia de 6.000 euros al año. Pregunta a RRHH y la respuesta es vaga: «Son circunstancias diferentes». La persona se siente engañada, deja de aportar como antes y empieza a buscar trabajo. O peor: presenta una reclamación.
Este escenario es cotidiano en miles de empresas españolas. Y hasta ahora, en la mayoría de los casos, no pasaba de un mal rato para RRHH. Pero eso ya ha cambiado. Desde el 19 de noviembre de 2026, la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva —transpuesta por el Real Decreto-ley 39/2026— obliga a las empresas a informar del salario antes de la primera entrevista, prohibirá preguntar cuánto cobraba el candidato en su trabajo anterior y dará a los empleados el derecho a conocer lo que ganan sus compañeros en puestos de igual valor. Y si la brecha salarial de género supera el 5% sin justificación objetiva, la empresa tendrá que corregirla.
No es un borrador ni una propuesta. Es una Directiva europea aprobada , publicada y en vigor desde 2023, que España ha transpuesto —con retraso— mediante el Real Decreto-ley 39/2026. El plazo europeo venció el 7 de junio de 2026 y la norma española llegó el 18 de noviembre. Para tu empresa eso significa una cosa: el periodo de preparación se acabó y las obligaciones ya son exigibles.
En este artículo de Protime te explicamos en detalle qué dice la norma, a quién afecta según el tamaño de la empresa, qué tiene España ya hecho (y qué le falta), en qué punto exacto está la transposición, cuáles son las sanciones, y los pasos prácticos que tu departamento de RRHH puede dar hoy para no llegar tarde.
¿Por qué una Directiva europea de transparencia salarial? El problema de fondo
La respuesta corta: porque la brecha salarial de género no se cierra sola. Y en Europa llevamos décadas intentándolo con poco éxito.
Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE (datos de 2022, últimos disponibles con desglose completo), la brecha salarial en España se sitúa en el 17,09%. Eso significa que las mujeres ganan, de media, un 17% menos por hora que los hombres. Más recientemente, los datos de la Encuesta de Estructura Salarial Anual de 2023 (publicados por el INE en mayo de 2025) muestran que el salario medio de las mujeres fue de 25.591 euros anuales frente a los 30.372 euros de los hombres: una diferencia de casi 4.800 euros al año. La brecha se ha reducido en los últimos diez años (según UGT, ha descendido 6,9 puntos en una década), pero al ritmo actual, cerrarla por completo llevaría décadas.
A nivel europeo, la brecha media se sitúa en el 12% según Eurostat (datos de 2023), y la Comisión Europea ha identificado la falta de transparencia de los sistemas retributivos como uno de los principales obstáculos para reducirla. La lógica es sencilla: si no sabes lo que cobran los demás, no puedes detectar la desigualdad. Y si no puedes detectarla, no puedes reclamar.
De ahí nace la Directiva (UE) 2023/970, aprobada el 10 de mayo de 2023 por el Parlamento Europeo y el Consejo, con una premisa clara: pasar de la opacidad salarial a la transparencia obligatoria. Y el plazo para que todos los Estados miembros la incorporen a su legislación nacional era el 7 de junio de 2026. España lo incumplió y la transpuso cinco meses después, con el Real Decreto-ley 39/2026.
Las 6 obligaciones clave de la Directiva de transparencia salarial
La Directiva 2023/970 no es un documento de principios generales: es una norma con obligaciones concretas, plazos y consecuencias. Vamos a desgranarlas una por una, porque cada una tiene implicaciones operativas directas para RRHH. En cada una te indicamos dónde ha quedado recogida en la norma española.
1. Informar del salario en las ofertas de empleo
Las empresas deberán incluir ya en sus ofertas de empleo el salario inicial o la banda retributiva correspondiente al puesto ofertado, junto con el convenio colectivo aplicable. La información puede aparecer en el propio anuncio de la vacante o comunicarse por otro medio, pero siempre antes de la primera entrevista y de forma que garantice una negociación informada. Está en el nuevo apartado g) del artículo 5 de la Ley 3/2023 de Empleo, y alcanza también a las agencias de intermediación y colocación. La misma letra exige que los anuncios y las denominaciones de los puestos sean neutros en cuanto al género y accesibles para personas con discapacidad, y que los procesos de selección —incluidos los algorítmicos— respeten la igualdad de trato.
Se acabó el «salario según valía», el «retribución competitiva» o el «a convenir» sin cifras. Y no es un detalle menor: según el estudio Talent Trends de Michael Page para España, el 53% de los candidatos considera que el salario es el factor clave en su satisfacción laboral. Publicar rangos salariales no solo será obligatorio: ya hoy, sin esperar a la norma, será una ventaja competitiva para atraer talento.
2. Prohibido preguntar por el salario anterior
La Directiva establece expresamente que ningún empleador podrá preguntar a los candidatos sobre su historial retributivo en relaciones laborales actuales o anteriores. La norma española lo recoge en esa misma letra g) del artículo 5 de la Ley 3/2023, y la prohibición alcanza igualmente a las agencias de intermediación. El objetivo es evitar que la discriminación salarial se arrastre de un empleo a otro: si una mujer cobraba menos en su puesto anterior, utilizar ese dato como referencia perpetúa la desigualdad.
En la práctica, esto obliga a revisar los guiones de entrevista, los formularios de candidatura y las preguntas habituales de los procesos de selección. Es un cambio cultural importante, porque en muchas empresas preguntar «¿cuánto cobras ahora?» es el punto de partida para hacer una oferta. Y ya no es una buena práctica pendiente: es exigible desde el 19 de noviembre de 2026.
3. Derecho de los empleados a solicitar información salarial
Cualquier persona de la plantilla puede solicitar a la empresa información sobre su nivel retributivo individual y los niveles salariales medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. La empresa debe responder por escrito y no puede tomar represalias contra quien ejerza este derecho.
El nuevo artículo 10 del RD 902/2020 concreta los plazos: la respuesta por escrito debe darse en un plazo de dos meses, con quince días para las aclaraciones que la persona pida sobre lo recibido. El derecho se puede ejercer una vez al año, o antes si cambian las circunstancias, y lo conservan también quienes ya han salido de la empresa durante el año siguiente a su cese. La información recibida sobre terceros solo puede usarse para hacer valer el derecho a la igualdad retributiva.
Además, los empleadores tienen que informar anualmente a sus empleados de que tienen este derecho, para que sean conscientes de que pueden ejercerlo. Es decir: no basta con tener la información disponible; hay que recordar activamente que existe.
4. Informes periódicos de brecha salarial
Las empresas que superen determinados umbrales de plantilla deben comunicar a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva con datos sobre la brecha retributiva de género: diferencia en salario base, en componentes variables, mediana, y proporción de hombres y mujeres en cada cuartil de la banda retributiva. El calendario de obligaciones es escalonado según el tamaño:
| Tamaño de empresa | Primera comunicación | Frecuencia |
|---|---|---|
| 150 o más personas | Antes del 8 de junio de 2027 | Anual desde 250 personas; cada 3 años entre 50 y 249 |
| De 50 a 149 personas | Antes del 8 de junio de 2031 | Cada 3 años |
| Menos de 50 personas | Sin obligación de comunicar la brecha | — |
Este calendario es el que fija la Directiva europea. El proyecto de real decreto español en tramitación puede establecer umbrales de plantilla propios, distintos de los europeos, de modo que el calendario definitivo en España podría no coincidir exactamente con esta tabla. Actualizaremos este apartado cuando la norma se apruebe.
Ojo: que las empresas de menos de 50 empleados no tengan que comunicar la brecha no significa que estén exentas. Las obligaciones de transparencia en ofertas de empleo, la prohibición de preguntar por el salario anterior, el registro retributivo y el derecho de información de los empleados afectarán a todas las empresas, independientemente de su tamaño, en cuanto la Directiva esté transpuesta.
5. El umbral del 5%: la línea roja
Aquí está probablemente la obligación con mayor impacto operativo. Si en cualquier categoría de trabajadores la brecha salarial de género es igual o superior al 5% y no puede justificarse con criterios objetivos y neutros con respecto al género (como antigüedad, formación acreditada o responsabilidad diferenciada), la empresa estará obligada a realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores y a corregir la situación en un plazo de seis meses.
En la norma española, el umbral depende del tamaño: el registro retributivo debe justificar las diferencias del 25% o más y, en las empresas de 100 o más personas trabajadoras, las del 5% o más (artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 6 del RD 902/2020). La corrección, cuando procede, no puede superar los seis meses.
Pongamos un ejemplo: Imagina que en tu empresa la categoría «técnicos de soporte» tiene 20 personas: 12 hombres y 8 mujeres. Si el salario medio por hora de los hombres es de 18€ y el de las mujeres es de 16,80€, la brecha es del 6,7%. Supera el umbral. La empresa necesita poder demostrar que esa diferencia se explica por criterios objetivos. ¿Es por las horas extraordinarias ? ¿Por complementos de nocturnidad o turnicidad? ¿Por antigüedad? Si la respuesta es «no lo sé» o «no tengo datos fiables», la empresa tiene un problema. Y aquí es donde disponer de un registro horario digital trazable deja de ser solo una obligación legal y se convierte en una herramienta de defensa ante una posible reclamación por discriminación retributiva.
6. Inversión de la carga de la prueba
Y aquí viene el cambio más disruptivo para las empresas. La Directiva establece que, en caso de litigio por discriminación retributiva, será la empresa —y no el trabajador— quien tenga que demostrar que no ha habido discriminación. Esto invierte completamente la dinámica actual. Hasta ahora, si un empleado denunciaba discriminación salarial, tenía que probarla. Ahora le basta con aportar indicios razonables: será la empresa la que deba acreditar que sus criterios retributivos son objetivos y neutrales.
Y el plazo para reclamar se amplía: la reforma del artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores fija en tres años la prescripción de las acciones por discriminación retributiva, contados desde que cesa la situación. También quedan expresamente nulas las represalias contra quien reclame (artículos 4.2.h y 17.1 del Estatuto).
Para poder hacer esa acreditación, la empresa necesita datos. Datos limpios, trazables, desglosados y actualizados. Y muchos de esos datos (horas trabajadas, complementos por turnos, distribución de la jornada, horas extra) dependen directamente de un buen sistema de registro del tiempo
Dos directivas, una sola norma: cómo encajan el RD 723/2026 y el RDL 39/2026
Es la confusión más extendida de las últimas semanas, y conviene deshacerla porque afectan a cosas distintas:
| Directiva (UE) 2019/1152 | Directiva (UE) 2023/970 | |
|---|---|---|
| De qué trata | Condiciones laborales transparentes y previsibles: información escrita sobre los elementos esenciales del contrato | Transparencia retributiva: ofertas, derecho de información salarial, registro, brecha de género |
| Norma española | RD 723/2026, de 9 de septiembre, completado y corregido por el RDL 39/2026 | RDL 39/2026, de 17 de noviembre |
| Desde cuándo | 5 de octubre de 2026, con los cambios del RDL desde el 19 de noviembre | 19 de noviembre de 2026 |
Dicho en corto: una te obliga a contarle a cada persona cuáles son sus condiciones; la otra, a contarle cómo se forma y cómo se compara su salario. Desde el 19 de noviembre de 2026 ambas están plenamente en vigor en España, y la segunda norma retoca a la primera.
Lo que España ya tiene (y lo que ha cambiado el 19 de noviembre)
España no parte de cero. De hecho, parte con ventaja respecto a muchos países europeos en materia de igualdad retributiva. Pero la Directiva elevó el listón y el Real Decreto-ley 39/2026 ha hecho los ajustes de golpe.
El marco de partida: RD 902/2020 y planes de igualdad
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ya estableció en España un conjunto de medidas que van en la misma dirección que la Directiva europea, y es precisamente el reglamento que la nueva norma reforma por dentro:
- Registro retributivo obligatorio para todas las empresas (en vigor desde abril de 2021). Incluye valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo y agrupados por categorías profesionales.
- Auditoría retributiva obligatoria para empresas con 50 o más empleados que elaboren un Plan de Igualdad. Debe incluir una evaluación de puestos de trabajo con criterios de adecuación, totalidad y objetividad, siguiendo el procedimiento de valoración que aprobó la Orden PCM/1047/2022.
- Principio de transparencia retributiva: el RD 902/2020 establece que las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal, a los datos del registro retributivo de su empresa.
Lo que la Directiva ha añadido, ya en vigor
Aunque el marco español cubría parte del camino, hay varias obligaciones de la Directiva que van más allá de lo que establecía el RD 902/2020, y que el Real Decreto-ley 39/2026 ha incorporado:
- Transparencia previa al empleo: la obligación de informar de los rangos salariales en las ofertas y la prohibición de preguntar por el historial salarial son nuevas en la legislación española y están en el artículo 5.g) de la Ley 3/2023 de Empleo.
- Derecho individual de información: hasta ahora, el acceso al registro retributivo se canaliza a través de la representación legal de los trabajadores. El nuevo artículo 10 del RD 902/2020 lo otorga directamente a cada persona, sin intermediarios, con respuesta en dos meses.
- Informes de brecha con formato y periodicidad definidos: el nuevo artículo 11 obliga a las empresas de 50 o más personas a comunicar la brecha a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, con el desglose y la periodicidad que exige la Directiva.
- Inversión de la carga de la prueba: incorporada junto con la ampliación a tres años del plazo de prescripción de las acciones por discriminación retributiva (artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores).
- Cambios en el registro retributivo: ahora debe recoger media aritmética y mediana tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, conservarse durante cuatro años y consultarse con la representación legal con al menos diez días de antelación (artículo 5 del RD 902/2020).
- Nulidad del secreto salarial: son nulas las cláusulas contractuales que impidan a una persona divulgar su propia retribución (artículo 28.4 del Estatuto de los Trabajadores).
Y un detalle que conviene tener claro: España apuró el plazo hasta el final. Incumplió la fecha del 7 de junio de 2026, mantuvo un proyecto de real decreto en tramitación durante el verano y finalmente resolvió la transposición por la vía rápida del real decreto-ley, publicado el 18 de noviembre. Para las empresas, la consecuencia práctica es que no ha habido periodo de adaptación: lo que durante meses fue «conviene ir preparándose» pasó a ser exigible de un día para otro.
Lo que los titulares no dicen: seismitos sobre la transparencia salarial
Como ocurre con otros temas laborales candentes (recordemos el debate sobre los festivos en sábado), la transparencia salarial está generando titulares simplistas que conviene matizar. Muchas de las preguntas que recibimos en Protime de responsables de RRHH parten de malentendidos que merece la pena aclarar.
«Van a publicar mi nómina»
No. La Directiva no obliga a publicar salarios individuales ni nóminas concretas. Lo que exige es compartir datos agregados: promedios, medianas y distribución por cuartiles, desglosados por sexo y categorías de puestos de igual valor. La información es estadística, no nominativa. De hecho, la propia Directiva exige respetar la normativa de protección de datos (RGPD) y establece que si un grupo de comparación tiene pocas personas, los datos deben anonimizarse o suprimirse para evitar la identificación.La norma española incorpora un artículo específico sobre tratamiento de datos conforme al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018. SDWorx, en su guía sobre transparencia salarial, recomienda establecer umbrales mínimos de 3-5 personas por grupo antes de divulgar datos.
«Esto solo afecta a grandes empresas»
Depende de qué obligación hablemos. Los informes periódicos de brecha, sí: tienen un calendario escalonado que empieza por las empresas de 150 o más empleados. Pero la obligación de incluir rangos salariales en las ofertas, la prohibición de preguntar por el historial salarial, el registro retributivo y el derecho individual de información de los empleados afectan a todas las empresas desde el 19 de noviembre de 2026, sin excepción por tamaño. Si tienes una pyme con 15 empleados y publicas una oferta, ya tienes que incluir el rango salarial y el convenio aplicable.
«Se acabó negociar salarios»
Tampoco. Lo que cambia es el marco de la negociación, no la negociación en sí. Seguirá siendo posible acordar salarios individuales dentro de las bandas retributivas definidas por la empresa. Lo que ya no será posible es negociar desde la opacidad total: «te ofrezco X porque sí, y no te cuento en qué banda está el puesto». Como señala SDWorx, la transparencia «profesionaliza las conversaciones, aporta trazabilidad y fortalece la confianza». No limita; ordena.
«En España ya cumplimos con el RD 902/2020, así que no nos afecta»
Es el error más peligroso y el más extendido. El RD 902/2020 fue un primer paso importante, pero la Directiva va más lejos en transparencia previa al empleo, derecho individual de información e inversión de la carga de la prueba. Y, sobre todo, el propio RD 902/2020 ya no es el que conocías: la reforma del 18 de noviembre le ha cambiado el registro, la auditoría y los derechos de información. Cumplir con la versión de 2020 ya no es cumplir. Como señaló el despacho Garrigues en su análisis de la Directiva, «aunque podríamos decir que España ha recorrido parte del camino, la Directiva va más allá y, para cumplirla plenamente, serán necesarios cambios legislativos importantes que supondrán un giro relevante en la gestión de la política retributiva de las empresas».
«Como España iba tarde, todavía tengo margen»
Era cierto hasta el 18 de noviembre y dejó de serlo al día siguiente. La transposición llegó por real decreto-ley, con entrada en vigor inmediata y sin periodo general de adaptación. Si tu empresa estaba esperando a ver qué decía la norma española para empezar a moverse, el margen que queda es cero: las obligaciones de ofertas, registro y derecho de información ya son exigibles y sancionables.
«Esto va a provocar conflictos salariales internos»
Puede, si se gestiona mal. Pero la evidencia dice lo contrario: según un estudio de SDWorx, solo el 44% de los empleados europeos percibe su paquete salarial como justo. Es decir, la opacidad ya está generando conflictos; simplemente no se manifiestan como reclamaciones formales, sino como desconfianza, desmotivación, absentismo y rotación. La transparencia no crea el problema: lo hace visible. Y solo lo que se ve se puede corregir
Sanciones: qué pasa si no cumples
La Directiva exige a los Estados miembros establecer un «régimen de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias». En España, las infracciones en materia de igualdad retributiva se canalizan a través de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Según Igualdad en la Empresa Aragón y otros análisis jurídicos, las sanciones pueden alcanzar los 225.018 euros en los casos más graves.
El Real Decreto-ley 39/2026 ha endurecido ese cuadro. No facilitar la información sobre los elementos esenciales del contrato pasa de infracción leve a grave. Se tipifican como graves los incumplimientos del registro retributivo y de la comunicación de información a la Comisión de seguimiento. Y se incorpora como muy grave la represalia contra quien reclame sus derechos retributivos, así como solicitar en un proceso de selección datos que la norma prohíbe pedir.
Pero el riesgo no es solo la multa. La Directiva contempla que los trabajadores que sufran discriminación retributiva podrán recibir una indemnización que incluya la recuperación íntegra de los atrasos salariales, primas y pagos en especie correspondientes. Y recordemos: con la inversión de la carga de la prueba, es la empresa quien debe demostrar que no ha discriminado. A esto se añade que las empresas que incumplan pueden perder acceso a ayudas públicas o quedar inhabilitadas para contratar con la Administración: la norma modifica también la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar el incumplimiento en materia de igualdad retributiva como causa de resolución del contrato.
Y luego está el coste reputacional. En un mercado donde atraer talento es cada vez más difícil, ser señalada como empresa opaca en materia salarial puede tener un impacto mucho mayor que cualquier multa.
Guía práctica: cómo poner a tu empresa al día
La norma está en vigor desde el 19 de noviembre de 2026 y no hay periodo general de adaptación, así que esto ya no es prevención: es cumplimiento. Este es el orden de prioridades que recomendamos:
Revisa hoy mismo tus ofertas de empleo abiertas
Es lo único que es visible desde fuera y lo más rápido de corregir. Toda oferta publicada debe indicar la retribución inicial del puesto y el convenio colectivo aplicable, y eso alcanza también a las que publique por ti una agencia o un portal. Revisa las vacantes vivas, las plantillas de anuncio y lo que estén publicando tus intermediarios.
Audita tu estructura retributiva actual
¿Tienes bandas salariales definidas para cada puesto? ¿Los criterios de progresión salarial están documentados y son objetivos? ¿Puedes explicar por qué dos personas en el mismo puesto cobran diferente? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no o «depende», necesitas trabajar aquí antes de hacer nada más.En empresas de 50 o más personas, además, los criterios de progresión retributiva tienen que estar a disposición de la plantilla.
Revisa (y actualiza) tu registro retributivo
Si tu empresa ya tiene el registro retributivo del RD 902/2020, revísalo: ¿está actualizado? ¿Los datos son fiables? ¿Incluye todos los componentes retributivos (base, complementos, horas extra, beneficios en especie)? Muchas empresas hicieron el registro una vez en 2021 y no lo han vuelto a tocar. Ese documento desactualizado no te va a servir cuando un empleado ejerza su derecho de información, y hoy ya es un incumplimiento del RD 902/2020.
Y el formato ha cambiado: ahora hay que recoger media aritmética y mediana en cómputo anual y por hora de trabajo, conservar el registro cuatro años y consultarlo con la representación legal con diez días de antelación. Si tienes 100 o más personas en plantilla, el registro debe justificar además las diferencias del 5% o más; por debajo de ese tamaño, el umbral de justificación es del 25%.
Y aquí es donde entra un aspecto que pocos artículos mencionan: los datos retributivos dependen, en buena medida, de los datos de jornada. Si no sabes con fiabilidad cuántas horas extra ha hecho cada persona, cuántos turnos nocturnos ha cubierto o cuántas horas reales ha trabajado cada semana, no puedes calcular correctamente el salario por hora. Y el salario por hora ha dejado de ser un cálculo opcional: la norma lo exige expresamente en el registro.Y sin salario por hora fiable, no puedes calcular la brecha. Un sistema de registro horario digital como el de Protime aporta exactamente eso: el dato de jornada limpio, trazable y en tiempo real que alimenta el registro retributivo.
Calcula tu brecha salarial de género por categorías
No esperes a que te lo pidan. Haz el cálculo ahora, internamente, y analiza los resultados. Si en alguna categoría la brecha supera el 5%, investiga las causas. ¿Se explica por antigüedad, formación, complementos de turnicidad? Documéntalo. Si no se explica por criterios objetivos, diseña un plan de corrección. Es mucho mejor detectar y corregir voluntariamente que ser corregido tras una denuncia.
Un ejemplo práctico: en una empresa de 200 empleados con una categoría de «técnicos» que incluye 30 personas (18 hombres, 12 mujeres), si el salario medio por hora de los hombres es de 22€ y el de las mujeres de 20,50€, la brecha es del 6,8%. Supera el umbral del 5%. La empresa necesita poder justificar esa diferencia con datos objetivos. Si la causa son los complementos de nocturnidad (porque más hombres cubren turnos de noche), necesita un sistema de planificación de turnos y de registro horario que lo demuestre documentalmente. Sin datos, la empresa queda indefensa.
Adapta tus procesos de selección
Incluir rangos salariales en las ofertas y eliminar la pregunta sobre el salario anterior no es solo un cambio de formulario: es un cambio de mentalidad. Forma a tu equipo de selección, actualiza las plantillas de entrevista y revisa los portales donde publicas vacantes. Revisa también las herramientas automáticas de cribado que utilices: la norma exige que los procesos de selección, incluidos los algorítmicos, respeten la igualdad de trato. Y comunícalo internamente: que la organización sepa que la empresa está al día a la norma refuerza la confianza.
Prepara la comunicación interna
Cuando los empleados se enteren de que pueden solicitar información salarial desglosada (y se van a enterar), van a preguntar. Prepara las respuestas antes de que lleguen las preguntas. Tienes dos meses para responder por escrito a cada solicitud, y quince días para las aclaraciones posteriores: define el circuito interno ahora, no cuando entre la primera petición. Define qué información vas a compartir, en qué formato, con qué frecuencia y a través de qué canal. Un portal de autoservicio del empleado donde cada persona pueda consultar sus datos de jornada, turnos y retribución variable reduce la presión sobre RRHH y aporta la transparencia que la norma exige.
Asegura que tus sistemas de datos están preparados
Este es el punto que muchas empresas subestiman y que luego genera más problemas. La transparencia salarial requiere cruzar datos retributivos con datos de jornada, turnos, complementos y categorías profesionales. Si toda esa información está repartida entre Excel, nóminas, hojas sueltas y el conocimiento tácito del responsable de turno, preparar un informe de brecha va a ser una pesadilla.
Las empresas que tienen un sistema integrado de gestión del tiempo como Protime, conectado con su sistema de nóminas y con capacidad de generar informes analíticos, van a tener una ventaja operativa real a la hora de cumplir con la Directiva. No porque Protime gestione nóminas (no lo hace), sino porque aporta la capa de datos de jornada que el registro retributivo necesita para ser fiable.
Preguntas frecuentes sobre la transparencia salarial
¿Cuándo entra en vigor la transparencia salarial en España?
El 19 de noviembre de 2026. El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, se publicó en el BOE el 18 de noviembre y entra en vigor al día siguiente. España incumplió el plazo europeo del 7 de junio de 2026 y resolvió la transposición cinco meses después. La mayoría de obligaciones son exigibles desde esa fecha; la comunicación de la brecha retributiva tiene calendario propio: antes del 8 de junio de 2027 para empresas de 150 o más personas y antes del 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149.
¿Mi empresa tiene que publicar los sueldos de todos?
No. La Directiva no obliga a publicar nóminas individuales. Lo que exige es compartir datos agregados: promedios y medianas de retribución por categorías profesionales, desglosados por sexo. La información es estadística, no nominativa, y debe cumplir con el RGPD. En grupos pequeños, los datos deben anonimizarse para evitar identificar a personas concretas.
¿Pueden preguntarme cuánto cobraba en mi trabajo anterior?
No. Desde el 19 de noviembre de 2026, el artículo 5.g) de la Ley 3/2023 de Empleo prohíbe que las empresas —y también las agencias de intermediación y colocación— pregunten a quien se presenta a un proceso por su historial retributivo actual o anterior. El objetivo es evitar que la discriminación salarial se arrastre de un empleo a otro. Las empresas deberán basar sus ofertas en el valor del puesto, no en el salario previo del candidato.
¿Qué pasa si la brecha salarial supera el 5%?
Si en alguna categoría profesional la brecha retributiva de género supera el 5% y la empresa no puede justificarla con criterios objetivos (antigüedad, formación, responsabilidad), deberá realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores y corregir la situación en un plazo de seis meses. En la norma española, ese umbral del 5% se aplica a las empresas de 100 o más personas trabajadoras; por debajo, el umbral de justificación en el registro es del 25%. No hacerlo expone a la empresa a sanciones y a reclamaciones individuales con inversión de la carga de la prueba.
¿Qué tiene que ver el registro horario con la transparencia salarial?
Más de lo que parece. Muchas diferencias salariales se explican por componentes variables que dependen de datos de jornada: horas extra, complementos de nocturnidad, turnos de fin de semana, jornada parcial frente a completa. Sin un registro horario fiable y trazable, la empresa no puede calcular correctamente el salario por hora de cada persona ni, por tanto, medir la brecha real. Y desde la reforma del 18 de noviembre de 2026, el salario por hora es un contenido obligatorio del registro retributivo, no un cálculo auxiliar. Y si no puede medirla, no puede justificarla. Un sistema de registro horario digital aporta la capa de datos que el registro retributivo necesita.
Conclusión: la transparencia salarial no va de publicar nóminas, va de tener los deberes hechos
La Directiva (UE) 2023/970 marca un antes y un después en la gestión retributiva en Europa. No porque invente un principio nuevo (la igualdad salarial lleva décadas en la legislación), sino porque por primera vez dota a ese principio de herramientas concretas: rangos salariales en las ofertas, información accesible para los empleados, informes de brecha obligatorios y una carga de la prueba que recae sobre la empresa.
Para los departamentos de RRHH, el mensaje es claro: las empresas que tengan sus datos ordenados (estructura retributiva definida, registro retributivo actualizado, registro horario trazable, criterios de progresión documentados) van a cumplir con la Directiva sin trauma. Las que no, van a improvisar. Y en un contexto donde un empleado puede solicitar información salarial en cualquier momento y donde la carga de la prueba es tuya, improvisar sale caro.
España tardó cinco meses más de la cuenta en transponer la Directiva, y al final lo hizo de golpe: norma publicada el 18 de noviembre y en vigor el 19. No ha habido rampa de entrada. Las empresas que se adelantaron no solo evitan sanciones: construyen culturas retributivas más justas, transparentes y atractivas para el talento.
Aviso legal: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada empresa debe analizar su situación particular con asesores legales especializados. Protime es una solución tecnológica de gestión del tiempo y no presta servicios de asesoría legal ni de gestión retributiva.